NUEVAS REGLAS PARA EL SAC: EL DECRETO N.º 13.135/2026 AMPLÍA LAS EXIGENCIAS PARA LA ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

20/10/2026
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La norma establece nuevos plazos de atención, limita el uso de sistemas automatizados y refuerza el derecho del consumidor a hablar con un agente humano. Las empresas deberán revisar sus canales de relación con los clientes y sus procedimientos internos.

Publicado el 13 de octubre de 2026, el Decreto Federal n.º 13.135/2026 establece nuevas reglas para los Servicios de Atención al Consumidor (SAC), ampliando las exigencias relativas a la calidad, la disponibilidad y la eficiencia de los canales que las empresas utilizan para atender a sus clientes.

La nueva reglamentación sustituirá al Decreto n.º 11.034/2022 y entrará en vigor el 2 de noviembre de 2026, lo que exige atención por parte de las empresas comprendidas, en especial aquellas que utilizan centrales telefónicas, aplicaciones, chats y sistemas automatizados de atención.

El principal cambio es la preocupación por asegurar que el consumidor pueda efectivamente resolver su solicitud, sin enfrentar transferencias sucesivas, largos períodos de espera ni dificultades para acceder a un agente humano.

¿QUÉ EMPRESAS ESTÁN SUJETAS A LAS NUEVAS REGLAS?

El Decreto n.º 13.135/2026 se aplica a los proveedores de productos y servicios regulados por el Poder Ejecutivo federal, de acuerdo con los criterios establecidos por las respectivas agencias u órganos reguladores.

También están expresamente comprendidos los proveedores que ofrecen o prestan, por medio de plataformas u otros medios digitales, servicios financieros, de pago, de crédito u otros servicios de naturaleza financiera al consumidor, sujetos a la regulación o supervisión del Banco Central de Brasil.

La reglamentación establece además obligaciones específicas para las plataformas digitales que intermedian la comercialización de productos o servicios de terceros, los servicios de transporte individual de pasajeros y las entregas de productos o mercaderías.

Estas plataformas deberán presentar a la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon), en la forma y en el plazo que se establezcan, información sobre sus modelos de atención, incluida la cantidad de reclamaciones, los índices de resolución y el grado de satisfacción de los consumidores.

Es importante destacar que el Decreto no impone indistintamente todas las obligaciones del SAC a cualquier empresa que mantenga relación con consumidores. Su aplicación depende del encuadramiento en los supuestos previstos en la norma y, cuando corresponda, en la regulación sectorial.

LA ATENCIÓN HUMANA PASA A TENER REGLAS MÁS RIGUROSAS

Una de las principales disposiciones del nuevo Decreto es la garantía de acceso a la atención realizada por una persona humana, incluso en los canales electrónicos.

Las empresas comprendidas deberán poner a disposición al menos un canal electrónico de atención, con funcionamiento ininterrumpido, las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana.

En ese canal deberá asegurarse la atención en tiempo real por una persona humana entre las 8:00 y las 20:00 horas, todos los días de la semana, con sujeción a las excepciones y condiciones previstas en la reglamentación.

La atención telefónica también será obligatoria, con disponibilidad de agentes humanos en el mismo período. En las situaciones clasificadas como urgentes, la atención telefónica deberá producirse de inmediato, en cualquier momento.

La nueva reglamentación establece además límites para el tiempo de espera en la atención telefónica: el contacto con un agente deberá producirse en un plazo de hasta veinte segundos para, como mínimo, el 80 % de las solicitudes atendidas, y de hasta trescientos segundos para las demás, salvo las hipótesis reguladas por normas específicas de los órganos reguladores.

Otra novedad relevante se refiere a las llamadas interrumpidas accidentalmente. Si la atención telefónica humana finaliza antes de su conclusión, el proveedor deberá devolver la llamada en un plazo de hasta cinco minutos, aprovechando la información ya proporcionada por el consumidor.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL SIGUE PERMITIDA, PERO NO PUEDE IMPEDIR LA ATENCIÓN HUMANA

El Decreto reconoce expresamente la posibilidad de utilizar sistemas automatizados, incluidas herramientas de inteligencia artificial, para realizar triajes, distribuir solicitudes y resolver demandas.

Sin embargo, la adopción de estas tecnologías no podrá eliminar el derecho del consumidor a solicitar atención humana en los períodos y en las condiciones establecidos por la norma.

Además, los canales electrónicos y telefónicos no podrán exigir que el consumidor recorra más de cinco niveles de atención para finalizar su solicitud.

La reglamentación también prohíbe, como regla, derivar al consumidor a otro canal de atención, salvo cuando la atención presencial sea indispensable para resolver la solicitud.

En la práctica, las empresas podrán seguir utilizando chatbots, asistentes virtuales y otros recursos tecnológicos, pero deberán organizar sus sistemas de modo que la automatización no se convierta en un obstáculo para la resolución de los reclamos.

LA CANCELACIÓN DE CONTRATOS DEBERÁ SER INMEDIATA

El Decreto establece también reglas más rigurosas para la cancelación de productos y servicios.

La opción de cancelación inmediata deberá estar disponible en todos los niveles de los canales telefónicos y electrónicos, incluso en el primer contacto.

Además, la solicitud deberá ser recibida y procesada no solo por el SAC, sino también por los medios y canales que el proveedor ponga a disposición para la contratación, sin exigir la transferencia a otro menú, agente o canal.

Como regla, los efectos de la cancelación serán inmediatos, independientemente de la existencia de obligaciones contractuales pendientes. La norma admite una excepción cuando exista una necesidad expresamente justificada de procesamiento técnico, cuyo plazo deberá ser establecido por el órgano regulador competente.

El consumidor deberá recibir también un comprobante electrónico de la solicitud y ser informado sobre las eventuales multas contractuales u otras consecuencias de la cancelación.

NUEVOS PLAZOS PARA RESPONDER A LOS RECLAMOS

Otro cambio relevante afecta al tratamiento de las solicitudes presentadas por los consumidores.

Las solicitudes que no se consideren urgentes deberán ser respondidas en un plazo de hasta siete días corridos, contados desde su registro.

La respuesta deberá ser clara, objetiva y concluyente, y abordar todos los puntos planteados por el consumidor.

En situaciones relacionadas con servicios no solicitados o cobros indebidos, el proveedor deberá adoptar medidas inmediatas para suspender el servicio o el cobro, asegurando que dichas medidas se completen en un plazo de hasta 48 horas.

El Decreto refuerza asimismo el deber de conservar el historial de las atenciones y permitir que el consumidor haga seguimiento de sus solicitudes mediante un número de protocolo.

Las grabaciones de las llamadas y el contenido de los mensajes de voz o de texto intercambiados en los canales del SAC deberán conservarse durante al menos noventa días. El historial de cada solicitud deberá permanecer disponible por un mínimo de seis meses después de su resolución.

Esta medida aumenta la importancia de los registros electrónicos y de la trazabilidad de la atención, tanto para la protección del consumidor como para que las empresas demuestren el cumplimiento de sus obligaciones.

FISCALIZACIÓN Y CONSECUENCIAS PARA LAS EMPRESAS

El incumplimiento de las nuevas reglas podrá dar lugar a fiscalización y a la aplicación de sanciones administrativas por parte de los órganos de defensa del consumidor.

El Decreto atribuye expresamente a la Senacon la competencia para fiscalizar y sancionar a los proveedores, sin afectar las atribuciones de los Procons (organismos estatales y municipales de defensa del consumidor) ni de las agencias u órganos reguladores competentes.

Ante este escenario, las empresas comprendidas deberán evaluar si sus canales de atención cumplen las nuevas exigencias, especialmente en cuanto a la disponibilidad de agentes humanos, los tiempos de espera, el uso de sistemas automatizados, los procedimientos de cancelación y los plazos de respuesta.

También será importante revisar los contratos con las empresas tercerizadas responsables de la operación de los canales de atención, ya que el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias dependerá, en muchos casos, de la estructura tecnológica y operativa de esos proveedores.

UN NUEVO ESTÁNDAR PARA LA RELACIÓN CON LOS CONSUMIDORES

El Decreto n.º 13.135/2026 representa un cambio relevante en la regulación de los servicios de atención al consumidor.

Más que establecer plazos y condiciones técnicas, la nueva norma busca asegurar que los canales de atención sean efectivos y que las empresas asuman la responsabilidad por la continuidad y la conclusión de las solicitudes recibidas.

Aunque el uso de tecnologías automatizadas sigue permitido, la reglamentación refuerza que su adopción no puede comprometer el acceso del consumidor a una atención adecuada.

Para las empresas comprendidas, el principal desafío será conciliar la eficiencia operativa, el uso de nuevas tecnologías y el cumplimiento de las exigencias regulatorias, garantizando que los consumidores puedan obtener información, resolver reclamos y cancelar servicios de manera simple y efectiva.

Con la entrada en vigor prevista para el 2 de noviembre de 2026, la revisión de los procedimentos internos y de los sistemas de atención adquiere especial importancia para la prevención de riesgos regulatorios y de conflictos en las relaciones de consumo.

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